Las políticas lingüísticas son intervenciones en la lengua. Rigen las relaciones entre las lenguas, normalmente en el marco de los Estados. El análisis de estos datos lleva a la siguiente conclusión. Por un lado, la construcción de Estados-nación basados en la elección de una lengua única para un Estado, la globalización y la industrialización, así como las nuevas tecnologías y la geopolítica, han modificado el paisaje lingüístico de la mayoría de los países o regiones del mundo. Por otra parte, siempre hay que distinguir entre las lenguas que se hablan realmente en un país y la gestión oficial de esas lenguas. El multilingüismo es una característica de todos los países del mundo. Por tanto, están obligadas a adoptar políticas lingüísticas.
La política lingüística es un conjunto de medidas que adopta un Estado respecto a una o varias lenguas habladas en el territorio bajo su soberanía, con el fin de modificar el corpus o estatus de la lengua, generalmente para apoyar su uso y, a veces, para limitar su expansión. La política lingüística puede consistir en desarrollar el corpus de una lengua normalizando la ortografía y el léxico, o fomentando la creación de terminología. También puede resumirse como cambiar el estatus de una lengua declarándola oficial. Por último, la política lingüística puede recrear una lengua cuyo uso se ha perdido. Si nos fijamos en la historia de las políticas lingüísticas en todo el mundo, hay tres categorías principales: intervención, no intervención y asimilación.
La política lingüística intervencionista pretende acelerar o ralentizar la evolución normal de una lengua, reduciendo, aumentando o eliminando así la competencia entre lenguas. Este tipo de política rara vez se basa en motivos puramente lingüísticos. A menudo está vinculada a proyectos de sociedad formulados en función de objetivos culturales, económicos y políticos. Los gobiernos adoptan medidas incentivadoras o coercitivas. También se basan en el poder, la atracción o el prestigio de las lenguas entre sí. La intervención estatal es el tipo de política lingüística más común en todo el mundo. Las constituciones de la mayoría de los países incluyen disposiciones lingüísticas. Actuamos sobre las relaciones entre las lenguas habladas en un país, cambiando su estatus mutuo.
En cambio, la política lingüística de no intervención significa elegir el camino de la complacencia, ignorar los problemas cuando surgen y dejar que evolucione el equilibrio de poder. En la práctica, esta planificación favorece a la lengua dominante. Es lo que Didier de Robillard llama “política lingüística por defecto”. Un gobierno no intervencionista no actúa como árbitro y se abstiene de adoptar disposiciones constitucionales o legislativas sobre las lenguas.
En el marco de la política lingüística asimilacionista, el Estado utiliza medios planificados para acelerar la asimilación de las minorías.
Para la mayoría de los países, la elección de la política lingüística sigue siendo una cuestión crucial. La lengua y el poder están estrechamente relacionados. Las relaciones jerárquicas que se establecen entre las lenguas en contacto en una sociedad determinada se generan por la distribución del poder. En consecuencia, cualquier cambio en la organización social y política implica que la lengua o lenguas del poder se ponen en cuestión y, por tanto, cambia el paisaje lingüístico. En estos casos, los gobiernos recurren a la “planificación lingüística”. Didier de Robillard la define como una actividad científica que a menudo incorpora conocimientos multidisciplinares, dada la complejidad de las situaciones que aborda, y que trata de describir, estudiar y proponer soluciones y formas prácticas de mejorar las situaciones lingüísticas que se perciben como “problemáticas”. En otras palabras, la planificación lingüística es un proceso político y administrativo destinado a modificar el código lingüístico (es decir, el corpus de la lengua, la lengua como sistema) o la distribución funcional (es decir, el estatus social o el papel de las lenguas), o ambos. Según Didier de Robillard, la planificación lingüística tiene dos aspectos:
– fijar objetivos para el uso de las lenguas en contacto dentro de un territorio nacional determinado, ya sea por parte de un gobierno o de una institución;
– definiendo las medidas que deben adoptarse, los trabajos que deben realizarse y los gastos que deben planificarse y realizarse para alcanzar los objetivos.
La historia, la construcción de los Estados-nación y la globalización, así como las nuevas tecnologías y la geopolítica, han modificado el paisaje (socio)lingüístico de los países africanos. Ante el reto del multilingüismo, los gobiernos han adoptado medidas de política lingüística.
Para los gobiernos africanos, resolver la cuestión lingüística es crucial para la aplicación de las políticas nacionales y de desarrollo. ¿En qué lengua(s) debe impartirse la educación, la administración o la justicia? ¿Qué lenguas deben utilizarse en los intercambios económicos y las relaciones internacionales, o en la ciencia y la tecnología?
Este panel pretende analizar las situaciones sociolingüísticas de los países africanos. También examina la coexistencia y el uso de las lenguas. También estudia las prácticas lingüísticas, las ideologías y las representaciones lingüísticas. Las contribuciones pueden incluir, entre otras cosas
– políticas lingüísticas ;
– políticas de educación lingüística ;
– la apropiación y la enseñanza de las lenguas ;
– el estatus de las lenguas implicadas ;
– prácticas lingüísticas ;
– análisis del discurso sobre las lenguas ;
– representaciones lingüísticas e ideologías ;
– políticas lingüísticas y desarrollo socioeconómico ;
– políticas lingüísticas y globalización ;
– políticas lingüísticas y revolución digital ;
– políticas lingüísticas y de género ;
– políticas lingüísticas y traducción ;
– las políticas lingüísticas y la práctica de la medicina.
Referencias
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Palabras clave: política lingüística, planificación lingüística, lenguas, plurilingüismo, África.
