El caso de Libia como expresión político-espacial de la “securitización” migratoria

Cuando transcurría el año 2008, el líder libio, Muamar el Gadafi, y el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, firmaron un acuerdo de cooperación. Públicamente, este tratado fue definido como un pacto de amistad entre ambos países por el cual Roma pagaría al gobierno de Libia cinco mil millones de euros en un período de 20 años como forma de compensación por los perjuicios infligidos al pueblo de este país en el transcurso de tres décadas de colonización. A pesar de este objetivo manifiesto, el tratado debe interpretarse dentro del marco de las políticas europeas crecientemente restrictivas con respecto a las migraciones, por el cual Gadafi asumió el compromiso de impedir la salida de los potenciales migrantes que pretendieran ingresar a Europa utilizando al territorio de Libia como “trampolín”. Por ello la Guardia Costera libia fue entrenada y provista con equipamiento y patrullas, mientras que el interior del país se transformó en un corredor al que muchos de los desplazados pudieron ingresar, pero difícilmente salir, ya que quedaron atrapados en una red de centros de detención para inmigrantes o en cárceles financiadas con el dinero recibido de Italia. Aunque Gadafi fue derrocado y asesinado en el año 2011, en el contexto de la Primavera Árabe, el escenario no cambió. La asunción del Consejo Nacional de Transición (CNT) no trajo consigo modificaciones en lo que hace a la situación de los extranjeros ingresados en Libia para buscar trabajo en su interior o para llegar a territorio europeo a través del Mediterráneo. Más aún: en 2017 los nuevos gobiernos de Italia y Libia firmaron un memorándum que, esencialmente, renovó el contenido del suscripto previamente y que ha sido objeto de sucesivas prórrogas. A partir de este marco diplomático-legal, nos proponemos analizar el papel de Libia en el reforzamiento de la "securitización" migratoria.