El objetivo de este trabajo es analizar en perspectiva histórica y sobre la base de fuentes primarias, la política del proceso constitucional sudafricano, es decir, la colisión de intereses, liderazgos y dinámicas negociadoras entre múltiples actores que suscitaron tanto la democratización del referente africano, como también la fijación de su institucionalidad.
El período entre 1990 y 1994 marcó un punto de inflexión en la historia de Sudáfrica, pasando del régimen de segregación racial a una democracia constitucional. La liberación de Mandela en 1990 y la legalización del ANC dieron inicio a un diálogo histórico entre el gobierno de De Klerk y los movimientos anti-apartheid.
Las negociaciones para la transición, caracterizadas por su complejidad y tensiones, se llevaron a cabo en un contexto de violencia política y profundas divisiones sociales. Se buscaba construir un nuevo orden constitucional que garantizara la igualdad y los derechos de todos los ciudadanos, abordando temas cruciales como la representación política, la propiedad, la justicia social y la territorialidad.
Las conversaciones fueron un proceso complejo de concesiones y compromisos. La Convención para una Sudáfrica Democrática (CODESA), establecida en 1991, fue el espacio para debatir los principios de la nueva Constitución. Partidos políticos, grupos sociales y comunidades participaron en la construcción del nuevo pacto social que sentaría las bases para una sociedad democrática.
La Constitución de 1996, fundada en los acuerdos alcanzados en CODESA, consagró los derechos fundamentales, la igualdad ante la ley, la democracia y el Estado de Derecho; cimentando así las bases de una más sociedad justa e igualitaria. Este proceso, si bien no estuvo exento de desafíos, es considerado un hito a nivel mundial, mostrando cómo el diálogo, la negociación y la reconciliación pueden –en cierta medida – transformar una sociedad marcada por la desigualdad y el conflicto en una nación más democrática e inclusiva.
